En mayo de 2011 el Ecuador vivió un proceso político al que de manera inconsulta fue incorporado el tema taurino, el absurdo se consumó con la prohibición de la muerte de los toros en el ruedo, medida que afectó directamente a la ciudad de Quito y al prestigioso ciclo de corridas del Jesús del Gran Poder, al punto que el espectáculo al que se mutiló el último tercio, supervivió apenas un año a causa del desencuentro popular con una fiesta que perdió su forma y esencia.

En aquellos días un importante número de quiteños echó de menos la falta de autonomía del Alcalde del distrito metropolitano que no supo defender con frontalidad a la fiesta de los toros como uno de los elementos culturales y como una actividad productiva de gran repercusión económica y, lo que fue aún más censurable, no asumió una postura clara frente a lo que constituyó  un atropello a las normas superiores del estado ecuatoriano e inclusive a los derechos humanos en lo referente al ejercicio de la libertad.

Al cabo de dos años y nueve meses el gobierno municipal se encuentra a pocas horas de someter su gestión al criterio popular y más tarde, deberá acatar su veredicto.

De acuerdo a las últimas encuestas que se publicaron previa a la prohibición legal de difundirlas los días inmediatamente anteriores a la jornada electoral, parece improbable la reelección del Alcalde, es más, se anticipa una importante votación a favor de su contendiente político; el predecible resultado nos conduce a reflexionar sobre sus eventuales causas, que claro está, trascienden lo taurino para ubicarse en los temas relacionados a la observación, consideración y cuidado de los valores superiores del hombre. 

El caso es que la cosa pública en la línea ecuatorial ha sido manejada con una visión monocromática y discriminatoria desde el irrespeto y el sectarismo, esquema que al cabo del tiempo agotó a la ciudadanía agobiada por el altavoz oficial operando a máximo volumen y por una insostenible esquema de multas, impuestos, cargos, inseguridad y amenazas.

El establecimiento de un modelo prohibicionista en el que la palabra “no” impera sobre las garantías y derechos, determinaría que este domingo 23 de febrero, los ciudadanos emitan su factura a las autoridades con una onerosa orden de pago cuantificada en sufragios.   

Los resultados de la jornada en la que los habitantes de la capital se pronunciarán a través del voto de forma clara que no sorpresiva, supondrá una cabal lección de sentido democrático. El caso es que la gradual pérdida de espacios y libertades, el desconocimiento de la estructura cultural, el pretendido desmontaje de nuestra identidad,  la desvalorización de las tradiciones y la descalificación a lo diverso, sumados a la ausencia de un verdadero liderazgo y a muy serias deficiencias administrativas; determinan que Quito y su gente busque, por la vía de las urnas, una nueva forma de conducción de la capital a partir de un replanteo de la lógica de las relaciones humanas con la libertad, el respeto y la tolerancia como ejes de una verdadera cohesión social.  

La verdad popular apuntará a otros horizontes, los quiteños aspiran a una comunidad en la que el término inclusión sea aplicado en su real acepción, es decir, una metrópoli que propicie una verdadera convivencia con cabida para todos los sectores, mayorías y minorías, en la que se respeten los derechos de unos y de otros y, de igual manera, se cumplan las obligaciones de unos y de otros.

En esta hora, miremos con fe el futuro y asumamos con integridad nuestras responsabilidades como ciudadanos.