En el toreo tendemos demasiado a simplificar. El taurino profesional o el aficionado suele resumir con una sobrada sentencia, también en los medios de comunicación, cualquier asunto trascendente o la situación más compleja que estén de actualidad o incluso hayan pasado a la historia. Aquí todos sabemos más que nadie.

Sólo así se entiende que un problema de las dimensiones y la gravedad de la suspensión de la feria de Quito se esté tergiversando y despreciando con esa fatua displicencia con que suelen expresarse los ignorantes.

Porque la preocupante cuestión ecuatoriana no es tan simple que pueda resumirse sólo en ese lamentable paso atrás de la empresa Citotusa, sino que es consecuencia forzada de un largo proceso de acoso político similar al vivido en Cataluña. Esa derrota de la que, como se demuestra, el toreo no parece haber sacado conclusiones.

De aquel "Que se joda Balañá", con el que muchos taurinos miraron hacia otro lado en el asunto de Barcelona, hemos pasado al "La culpa la tienen los Salazar", con que ahora otros muchos se quieren tapar las vergüenzas de lo que ha sido un clamoroso abandono a la afición ecuatoriana, que no necesitaba consejos ni reprimendas del otro lado del charco sino un apoyo incondicional en los momentos más duros de su lucha.

En ese proceso "a la catalana" que nadie de fuera intentó frenar, primero llegó la prohibición de emitir las corridas en horario protegido, ya fuera por televisión o por radio, con la inmediata retirada de los anunciantes. Luego, la de la entrada de menores a los tendidos. Y, como remate, ese referéndum que, camuflado de democracia, buscaba acabar con las corridas, no sólo con la muerte del animal, por medio de una de sus enrevesadas preguntas.

Aun así, la consulta del gobierno de Rafael Correa fracasó en lo taurino. El SI a la prohibición ganó en muy escasos cantones y los toros, reforzados por los votos de más de un tercio de los habitantes, no han podido ser eliminados de Ecuador salvo en algunos lugares sin tradición. La derrota más llamativa fue la de la dividida capital, donde una mitad de la población gozaba de la fiesta que ahora le pretende arrebatar la otra mitad por apenas unos miles de votos.

Por eso mismo, por evitar un incómodo enfrentamiento ciudadano y no contradecir al gobierno de su partido, el Municipio, que no los hermanos Salazar, quiso nadar y guardar la ropa. Y a través de su Comisión Taurina buscó esa tímida solución local de la corrida sin muerte, una argucia legal que, tomada como mal menor por los taurinos en busca de la lejana victoria definitiva, no contentó ni a pros ni a antis. Y mucho menos al vehemente presidente Rafael Correa, que ha asumido la lucha contra los toros como una cuestión personal.

Como en su día los Balañá en Barcelona, aunque no haya trascendido, la empresa Citotusa ha puesto muchos medios para contrarrestar la marea antitaurina. Sobre todo para ese ejemplar modelo de activismo que lideró la perseguida asociación "Somos Ecuador", cuyas acciones se pueden ver en Youtube, a través de los elocuentes videos titulados "La lucha taurina de Quito".

Pero es imposible vencer con argumentos a toda una mastodóntica maquinaria estatal. Y más aún cuando la consigna antitaurina la da el propio Presidente y las estructuras de gobierno hacen la vista gorda ante la agresividad de los grupos más radicales en esa guerra sucia que tiene sus frentes tanto en la calle como en los despachos oficiales de la capital ecuatoriana.

Sólo quienes estuvimos en Quito el pasado año sabemos cómo el toreo se vivió prácticamente en la clandestinidad antes, durante y después de la última feria. Porque vimos a unos hosteleros temerosos de adornar sus hoteles o restaurantes con un mínimo motivo taurino, cómo se dificultaban los accesos a la plaza y cómo se destrozaban vandálicamente las marquesinas que anunciaban los festejos. O cómo nosotros mismos éramos insultados y amenazados por dar argumentos a favor de La Fiesta en los pocos medios –los únicos que aún no están en manos del gobierno– que se atrevieron a dar espacio a la información taurina.

Y porque la sufrimos en nuestras propias carnes, nos parece una indecente  irresponsabilidad escuchar en ciertos medios españoles, de boca de quienes hace mucho que no pasan por Quito, que en la capital del Ecuador no existe violencia antitaurina.

Pero claro que existe, y cada vez más radicalizada, incluso con amenazas de bomba en la plaza de toros. Y por eso mismo, por ese temor a las represalias y a las agresiones, hay funcionarios que niegan en público su afición de toda la vida y hasta ganaderos que cambian de nombre y de titularidad sus vacadas para no verse perjudicados en sus negocios particulares por la persecución encubierta que sufren las gentes del toro del Ecuador.

No lo duden, ha sido ese temor, tanto de la empresa como de los aficionados, el que, más allá de los que iban a ser consecuentemente unos pobres resultados económicos, ha llevado definitivamente a la triste suspensión del ciclo de este año. La argucia municipal de la corrida sin muerte, esa farsa que tanto y tan duramente atacamos allí mismo, en primera línea  –la afición en los tendidos, los toreros en el ruedo y los periodistas en los medios– no sólo no contentó sino que irritó al gobierno. Y era evidente que, tras nuevos ataques jurídicos en lo que va de año, esta vez no se iba a quedar de nuevo de brazos cruzados ante un nuevo despliegue de taurinismo.

El detonante final de este elaborado proceso hacia la suspensión ha llegado hace apenas unos días, justo cuando Correa se esforzaba en poner su mejor cara en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Y ha sido la admisión a trámite por parte del ambiguo Concejo Municipal de un recurso para, a tenor del referéndum, derogar la reglamentación taurina local que permitía, al menos, la lidia sin muerte.

El "oportuno" recurso, admitido con muchos visos de prosperar intencionadamente durante los mismos días de corrida, curiosamente ha sido presentado por Diabluma (cabeza de diablo en quichua), el frenético colectivo radical teñido de indigenismo que encabeza el frente antitaurino y que lidera Felipe Ogaz, hijo de una alta funcionaria del Estado. En concreto la que facilitó la prohibición de entrada de menores de doce años a las corridas de toros.

Ante el asfixiante cierre del cerco, probablemente la carta en la que Citotusa ha comunicado al Municipio su renuncia a organizar la feria sea sólo un obligado trámite administrativo para evitar males mayores. Unos males, y no sólo económicos, que han provocado ese eufemístico "desinterés" del mundo del toro quiteño, que no es sino decir el latente temor a las agresivas circunstancias, a los constantes y fundados rumores de acciones violentas contra la feria, la plaza y unos aficionados que se sienten absolutamente desprotegidos.

Que nadie que desconozca todo esto venga a hora a ponerse medallas, a arrogarse el "ya lo decía yo" y a justificar su falta de compromiso. Que nadie llore lágrimas de cocodrilo por esta retirada a destiempo de Citotusa ni por las pérdidas de puestos de trabajo. Ni los que atacaron sin saber –los mismos que lo hacen ahora- pero tampoco los que defendieron con la boca pequeña, ni los que torearon ni los que se negaron a hacerlo (todos por dinero). Y mucho menos los que defienden los intereses particulares de quienes pretenden sacar tajada de este río no ya revuelto sino turbulento.

Porque lo más triste del asunto no es el ataque, sino la desunión del mundo taurino para defenderse. Una vez más. Como en Barcelona.