La indemnización que deberá pagar el gobierno de la Comunidad de Cataluña para el cese de la actividad taurina en la entidad, podría costarle alrededor de 450 millones de euros (unos siete mil 650 millones de pesos) y este asunto será un nuevo detonante del debate taurino.

Para afrontar este pago, la Generalitat de Cataluña se vería obligada a transferir la propiedad y el uso de varios hospitales públicos a fin de recibir a cambio una fuerte suma que le permita afrontar el pago a los agraviados.

Albert Rivera Díaz, presidente del partido Ciudatans, argumenta que "nos interesaba mucho que no existiera la claúsula de indemnización en la ley, pues sabíamos que tarde o temprano nos iba a pasar una factura muy cara".

Este joven político de 31 años de edad, afirma que el empresario Pedro Balaña y otros empresarios vinculados al sector taurino, han solicitado una cantidad que pagarla supone una inmoralidad:

"Nos parece del todo inmoral que prohibir una cuestión como los toros nos cueste a los catalanes 450 millones de euros y nos tengamos que vender unos hospitales para conseguir 300 millones. Por esto, la posición de Ciudatans es la de estar en contra de revocar la ley en contra de la prohibición de los espectáclos taurinos, mientras que el Partido Popular solamente está solicitando una prórroga de su entrada en vigor para retrasar el pago de la indemnización".

La cantidad en cuestión supone mil 650 millones de pesos más de lo que ingresa a las arcas del gobierno del Distrito Federal anualmente por concepto del pago de la tenencia vehicular.

El próximo miércoles 6 de julio se abrirá un nuevo debate en el parlamento catalán para analizar la propuesta de Ciudatans de revocar la ley antitaurina, y revisar la propues del Partido Popular de aplazar su entrada en vigor.