Los gobiernos de Baja California y Guanajuato han presentado iniciativas ante sus respectivos congresos, con las cuales se pretende supuestamente proteger a los animales, en tanto que de forma real y práctica, se trata de continuar con la serie de prohibiciones que afectan de manera directa a la Fiesta Brava.

En el caso de la frontera, la reforma al artículo 7 de su Constitución refiere: "Reconocer a los animales como seres sintientes, sujetos de una especial protección, garantizando su bienestar integral a través de un trato digo y respetuoso".

Cabe hacer notar que no se mencionan a los toros de lidia o espectáculos taurinos, lo que podría dar cabida a ciertas ambigüedades. Lo cierto es que no deja de ser, como en otros casos, una prohibición velada o situación que puede dar pie al desencadenamiento de amparos y otras argucias legales en contra de la Fiesta.

En lo referente a Guanajuato, si es más concreta la postura, al proponer modificaciones a los artículos 56, fracción II y 167, fracción II, cuyo objetivo principal será: "Que los espectáculos taurinos se deban desarrollar sin violencia dentro y fuera de la plaza, como alternativa para garantizar la vida y preservación del toro de lidia en el estado".

Dicha postura si va en concordancia directa con lo marcado desde la Ciudad de México hace unas semanas. Un preocupante efecto dominó que sin duda vulnera los derechos de una minoría que se ha visto afectada ante una supuesta supremacía moral por parte de la clase política.