El reconocimiento de la fiesta de los toros como Patrimonio Cultural Inmaterial en el Estado de Nuevo León, es un paso adelante en la defensa de un espectáculo centenario, que determinados políticos pretenden prohibir sin detenerse a analizar las consecuencias que conlleva un acto de esa naturaleza.

En cualquier sociedad democrática que se precie de ser madura, el respeto a las garantías de las minorías es un acto de civismo, que deriva de una actitud inteligente y responsable en un país donde la libertad de disentir debe de ser respetada.

Y al margen de conseguir revertir mediáticamente el argumento del "maltrato animal", los taurinos debemos permanecer unidos, tratando de demostrar la legitimidad de la crianza del toro de lidia y, por lo tanto, su sacrificio en la plaza tendría que ser comprendido como el medio de supervivencia de esta especie animal, además de insistir en la importante derrama económica que de ella emana para el sector.

La declaratoria de Nuevo León se suma a las que ya existen en otros estados del país, tales como Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Colima y Nayarit, donde este logro se ha conseguido a lo largo de más de una década de trabajo de distintos grupos, todos muy comprometidos con esta causa.

A diferencia de otros estados, en Nuevo León se hizo una reforma a la Ley de Patrimonio Cultural. Quiere decir que, dentro del propio ordenamiento jurídico, se prevé que a uno de sus artículos se adicionen dos fracciones para que se agreguen a las peleas de gallos y a las corridas de toros como parte del PCI de Nuevo León.

Esto es diferente a lo que se venía logrando con anterioridad, porque, en determinados casos, se trata de decretos del poder legislativo y ejecutivo, y no se encuentran establecidos en una ley, sino que son actos administrativos donde se reconoce la trascendencia de las corridas de toros en cada uno de los estados.

Ante los reiterados ataques antitaurinos, quizá sería importante la creación de una asociación de "Estados Taurinos de México"; vamos, aquellos que ya cuentan con una declaratoria a favor, con el objetivo de delinear una estrategia que permita retomar la solicitud de declaratoria ante la UNESCO, pues su aprobación supondría un respaldo de mayor envergadura para la tauromaquia mexicana.

Y aunque la Fiesta Brava siempre estará en la mira de determinados políticos oportunistas y de los animalistas, entre más "candados" se tengan para evitar su prohibición, eso dará un margen de maniobra más amplio para establecer el trabajo a realizar ahí donde haya sido promulgada una declaratoria.

Porque de poco vale colgar "el documento" y tenerlo de adorno. Es preciso saber con certeza que implica ser un estado PCI taurino y actuar en consecuencia, con la firme intención de seguir afianzando posiciones a favor de una tradición que nos gusta a millones de mexicanos, y además nos confiere un rasgo de identidad cultural.