Es evidente que, en plena crisis, los gastos de organización de un festejo taurino en España han llegado a ser desmesurados. Y más aún desde que la carga impositiva (que para eso estamos en el Ministerio de Cultura) se ha igualado con otros sectores artísticos y ha llegado al 21 por ciento de IVA.

Las quejas de los empresarios son lógicas, pero no lo es tanto que no hayan roto de una vez su clásico inmovilismo asociativo para corregir tan asfixiante situación. Ya saben: como decíamos la pasada semana, a las empresas les resulta más fácil reducir el capítulo de gastos sólo en la parte fundamental, la del ruedo.

Con los costes de toros y toreros, salvo muy escasas excepciones, regresando a los niveles de hace veinte años, la agrupación empresarial ANOET se está reuniendo este invierno con el único objetivo de hacer piña contra el convenio colectivo de picadores y banderilleros, el único sector meramente taurino que aún les plantea una débil resistencia.

Lo que no consta es que la patronal del toreo, aún con la fuerza de estar integrada en la poderosa CEOE, haya mantenido todavía una sola reunión tan afanosa para estudiar la forma de reducir otros capítulos de gastos también considerables. Esos otros costes arrastrados y asumidos mansamente desde décadas que, de racionalizarse, ayudarían a abaratar los precios de las entradas sin afectar la calidad del espectáculo. Y, como consecuencia, a que las propias empresas mantuvieran o incrementaran sus beneficios.

A bote pronto, y sin pretender dar lecciones de gestión, se antoja que bien podría la asociación empresarial iniciar, por ejemplo, un diálogo con la Seguridad Social, a nivel nacional o autonómico. Y así conseguir que fueran las autoridades sanitarias quienes se encargaran, al menos, de los costes de médicos y enfermerías.

Tal y como está el triste asunto de la sanidad española, quizá no sea éste el momento más indicado para proponerlo, pero el actual desembolso de más de un millón de pesetas por corrida de toros en esta materia laboral, que ahora quieren endosar a los propios toreros, bien podría avalar algunas concesiones administrativas.

Del mismo modo, tampoco se entiende muy bien que sea la propia empresa, y no la autoridad que los impone para el control del espectáculo, quien tenga que pagar a los facultativos veterinarios de los que los organizadores tanto se quejan… con la boca pequeña.

O que, por una dejadez de lustros, a estas alturas de la película el coste anual de acomodadores y porteros en la plaza de Las Ventas ronde los cien millones de pesetas, que es más o menos lo que cobran entre todos los novilleros que se anuncian en Madrid cada temporada. Asombrosamente, con lleno y con figuras o con dos mil personas en el tendido para ver a tres desconocidos, el gasto en este capítulo es el mismo cada tarde en la "cátedra" venteña.

Pero, probablemente, las cantidades de todos estos y otros muchos gastos secundarios se queden en el chocolate del loro si las comparamos con las de los delirantes cánones de arrendamiento que, desde los tiempos de la fiebre del ladrillo, las propias empresas se obligan a pagar, asumiendo las leoninas condiciones de los concursos a los que se presentan una y otra vez con incomprensible tozudez.

Obsoleta y ruinosa ya la fórmula del abono, sin el tirón del santo patrón en la taquilla por efecto de la crisis, las empresas aún no han dado con la fórmula de hacer frente con solvencia natural a tan elevadas exigencias de las propiedades de las plazas. Y tampoco de hacerles ver a estas, mediante el diálogo o dejando desiertos los concursos por ausencia de licitantes, la falta de sentido de esos altísimos cánones.

Son las propias empresas quienes deben inculcar a los políticos encargados de administrar los cosos de titularidad pública que las ciudades se benefician más con los ingresos directos e indirectos que genera una feria bien elaborada que con esos cánones tan gravosos para la Fiesta. Cánones que, por otra parte, apenas suponen una centésima parte en los abultados presupuestos de comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos.

Y, del mismo modo, son los empresarios quienes han de convencer a los propietarios privados de que, en situaciones como la que sufrimos, ganarían más cediendo sus cosos por un porcentaje de los ingresos de una taquilla medianamente saneada que con un canon desmedido imposible de afrontar (a los hechos hay que remitirse) con los tendidos despoblados.

Claro que para resolver todas estas cuestiones haría falta en el empresariado voluntad y conciencia de grupo ante los condicionantes externos y no mentalidad de frente de guerra interno. Y que se dejaran de lado ratimagos y argucias de oligopolio para alejar a posibles competidores, como ha sucedido al aceptar durante años esos cánones prohibitivos y esos concursos restringidos que, en el fondo, sólo permitían licitar por las grandes plazas a las élites dinásticas de siempre.

Sí, probablemente haya otras muchas vías de recorte de gasto menos dañinas que las habituales para no forzar a los distintos sectores taurinos a la competencia desleal y a la economía sumergida. Vías y soluciones que permitan que, dentro de la dignidad profesional, todas las partes fundamentales del espectáculo ganen lo que siempre fue suyo sin perder el norte de la calidad.