Como tantas veces a lo largo de la historia contemporánea, en Francia acaba de producirse otro hito de gran trascendencia legal y política, esta vez en defensa de la tauromaquia. El país de la Ilustración y los derechos del hombre acaba de darnos un ejemplo más de libertad y convivencia, que en este preciso momento, con tantos y tan duros ataques, se antoja fundamental para asegurar el futuro de este espectáculo de raíces milenarias.

Y lo ha dado nada menos que el Consejo Constitucional, al desestimar la demanda de varios grupos antitaurinos para declarar inconstitucional la excepción hecha a las corridas de toros frente a la ley de protección de los animales. Excepción que, por otra parte, al revés que sostiene el delirante credo veganista, no tiene por qué ser contradictoria sino absolutamente coherente.

Pero, aparte de cuestiones morales o ecologistas, que también cuentan, el reconocimiento por parte del máximo referente legal del país del derecho a celebrar espectáculos taurinos en varias regiones del sur donde son tradicionales supone una clamorosa lección de tolerancia y respeto a la diversidad cultural.

Frente al agresivo fundamentalismo animalista, que ha derivado incluso en varios ataques terroristas en la misma Francia, la ratificación de la constitucionalidad de la fiesta de los toros supone allí su blindaje definitivo ante cualquier tipo de amenaza. Y más después de su inscripción en el Patrimonio Cultural del país y de que el Tribunal Supremo ratificara en su día su absoluta legalidad.

En un estado sin complejos, en la cuna de las libertades, se da además la circunstancia de que tanto el gobierno de derechas de Sarkozy como el de izquierdas de Hollande han coincidido en apenas dos años en defender los derechos de los protaurinos frente a la amenazante sinrazón del sectarismo anticorrida.

Para lograrlo ha contado mucho el perseverante trabajo reivindicativo de dos instituciones fuertes, otros dos ejemplos de activa participación social: el Observatorio de las Culturas Taurinas y la Unión de Ciudades Taurinas, que hace tiempo vienen marcando la senda que ha de seguir el sector taurino para hacer valer sus derechos dentro de un marco de convivencia civilizada.

Desde España, y supongo que también desde México y los países suramericanos –en Portugal y en Ecuador, por suerte, tienen a Protoiro y a Somos Ecuador marchando en ese mismo camino–, este trabajo y estos resultados se miran con una inquieta envidia. Porque en la cuna del toreo, de momento, los taurinos ni siquiera hemos logrado dar un solo golpe de remo en la misma dirección.

Será porque, al revés que el taurino francés, que ha necesitado reivindicarse en un entorno, en principio, hostil, los españoles nunca hemos sentido la necesidad de ser combativos en la defensa del toreo, confiados en la hasta no hace tanto intrínseca fuerza social de un espectáculo con siglos de historia.

Pero las cosas han cambiado mucho a estas alturas del siglo XXI. El cateto desprecio de los trasnochados nacionalismos, los ignorantes complejos de una izquierda desnortada, la pazguata moralidad de un falso progresismo y la hipocresía de un periodismo al servicio de los grandes grupos económicos han creado en España un envenenado caldo de cultivo para el antitaurinismo.

La urgencia de un sólido frente común que luche por frenar tan amenazante deriva debería ser el objetivo prioritario de un sistema taurino que, de momento, sólo ha demostrado su absoluta incapacidad de reacción. Pero ahí está el espejo francés para mirarse, para tomar nota y marcar una hoja de ruta que, a medio plazo, nos lleve a la óptima situación que la Fiesta ha alcanzado en el país vecino.

Claro que la historia y la tradición política y jurídica de Francia no son, ni de lejos, las de España. No olvidemos que aquí no hay, por ejemplo, un Consejo Constitucional coherente, resolutivo y con capacidad de trabajo, sino un Tribunal Constitucional politizado y lento que necesita sus años para tomar la más mínima decisión, siempre condicionada por las circunstancias.

Aun así, no nos cabe otra que ser optimistas y dar a sus miembros todavía un margen de confianza. Pensemos que el ejemplo francés les puede armar de valor para declarar inconstitucional la prohibición de los toros en Cataluña. Sería de justicia.