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Torean amparados en Quintana Roo

En contra de la ley que atenta contra las garantías individuales

Hace dos años, el Congreso de Quintana Roo promovió una ley de protección al ambiente y los animales la cual prohíbe los espectáculos taurinos en el estado, una ley que fue votada sin que hubiera consulta popular de por medio y sí en cambio el capricho de algunos diputados sin conocimiento de causa.

Esto ha traído por consecuencia que las tradiciones populares, tan arraigadas en esa zona del sureste mexicano, corran el riesgo de perderse o de que las futuras generaciones no las conozcan.

El próximo domingo 16 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, está anunciada una corrida de toros mixta con la actuación de los matadores Michelito Lagravere, Paulo Campero y el novillero Julio Ventura, con seis ejemplares de la ganadería de San Salvador, por lo que algo deberá hacerse de inmediato para evitar que el festejo se suspenda.

El abogado César Cauich, quien a su vez es el empresario desde el 2004 de la plaza de toros de Kantunilkín, organizó el pasado 18 de diciembre una corrida de rejones, pero para ello tuvo que ampararse contra la reprobada ley prohibitiva en Quintana Roo.

"Esa ley de la que hablamos, es una ley que no tomó en consideración el tejido social de los municipios y de la gente que tiene arraigada esta costumbre de los toros en el estado. Fue por ello por lo que inicie con la promoción del evento, trajimos a Cuauhtémoc Ayala y al español Ferrer Martín, a torear una corrida de rejones con tintes internacionales y el gobierno del estado intentó cancelarme el evento en el marco de esa ley. Promoví un amparo indirecto con incidentes, con el juez de distrito del estado de Quintana Roo, en apego a la ley, que establece, en el Artículo 1, de respetar mis derechos y uno de esos es el derecho a la cultura", afirmó.

El empresario detalló además que el Artículo 4 Constitucional señala que "todos somos iguales ante la ley" y por lo tanto no debe haber personas que digan "esto sí me gusta y esto no y hacerle caso al que dice que no. Al no haberme notificado de manera directa violaron flagrantemente el artículo 14 y 16 Constitucional que es el del debido proceso, ya que nunca fui notificado, ni señalado", agregó.

El abogado Cauich comentó que habiendo presentado toda la documentación necesaria y expuesto los reglamentos de ley, obtuvo una resolución a su favor.  

"La autoridad federal nos proveyó del amparo y con base en ese amparo fue que pude haber realizado la corrida del 18 de diciembre. Sí llegó la policía municipal y les mostré mi amparo para que lo constataran en su documentación. El camino hacia nuestra libertad cultural, por así decirlo, desgraciadamente no depende de que un grupo de personas quieran promover la cultura, sino depende a que de un pequeño grupo de diputados que a veces no saben el sentir de la sociedad, te vengan a imponer modas o lo que una minoría cree que es lo adecuado”, señaló.

Una vez que la autoridad concedió el amparo al empresario taurino y que dejó las cosas como estaban en su estado natural, está claro que aquel empresario, municipio o poblado que desee hacer fiesta brava deberá tomar en cuanta, aparte del costo que el festejo implica, destinar unos 15 mil pesos para tramitar un amparo.  

"Tenemos que cumplir un capricho de los diputados para promover un amparo. En lo personal soy un licenciado y lo promoví, pero un amparo de estos no baja de los 15 mil pesos. La ley en Quintana Roo tiene fallas y hay que aprovechar esas fallas. El camino ahí está, no nos queda más remedio que, si ellos ponen la ley, no nos queda más remedio que defendernos con la misma ley", agregó.  

Cauich recordó además que el Artículo 115 fracción 3 y 4 de la Constitución establece que "los municipios son libres y autónomos", por lo tanto, si un municipio declara a la fiesta de los toros como un bien inmaterial cultural, se puede blindar contra alguna ley estatal que lo prohíba o cualquier tipo de acciones que quieran interponer.

"¿Eso cómo funciona? Una comisión de cabildo lo plasma, lo somete a consideración del Congreso del estado. Luego ahí tendrían que votar a favor o en contra y el que vote en contra deberá demostrar por qué… El único remedio que nos queda es unirnos, alzar la voz y en foros como este de Al Toro México, llevar nuestra petición y ser escuchados", finalizó el empresario y abogado quintanarroense.






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