Aún no ha terminado esta lamentable campaña electoral y ya se puede decir que el mundo del toro ha perdido las elecciones en España. Las gane quien las gane. Quedan apenas cinco días para resolver esa incógnita, pero lo único que ha quedado claro al paso de este circo de mítines y debates sonrojantes es que los próximos cuatro años de legislatura política serán el momento más crítico de la historia de las corridas de toros en España.

Sin que se haya producido aún la contundente y masiva reacción que era de esperar, o no, por parte de los profesionales del sector, los partidos políticos, tanto los clásicos como los emergentes, contemplan la cuestión taurina como un aspecto muy marginal, cuando no molesto, del que pasan de puntillas en sus programas.

La mayoría de ellos intentan ocultar sus verdaderas intenciones abolicionistas, por aquello de no perder posibles votantes si se manifiestan con claridad, mientras que el Partido Popular, que, por pura eliminación que no por voluntad propia, queda como  supuesto garante del futuro de la tauromaquia, no deja de hacer guiños oportunistas, presumiendo de una defensa de la Fiesta que apenas se concreta en hechos reales y efectivos.

Pero para saber realmente por dónde van los tiros ahí están las decisiones que vienen tomando en los gobiernos locales y regionales los representantes de Podemos y sus filiales, los del PSOE, los de Izquierda Unida y hasta los de Ciudadanos, ya sea cortando de raíz las ayudas a escuelas taurinas, como las de Madrid y Toledo, eliminando ridículas subvenciones municipales a ferias taurinas, como las de La Coruña y Ciudad Real, o declarando antitaurinas comunidades como la Balear.

Reconozcamos que la brecha de incomprensión que nos separa de esta sociedad virtual y urbanita es cada vez más grande. Y, sobre ese caldo de cultivo, la veda política contra los toros está abierta en la mayor parte del país, con una persecución dictatorial y declarada, que incluye el insulto gratuito y el desprecio social, no ya a los festejos sino a la propia cultura que ha sido durante siglos el acervo social de esta tierra.

Como muestra preocupante y elocuente, ahí están esos últimos casos en Cataluña y Mallorca, que consistieron, con claras reminiscencias franquistas, en prohibir torear de salón a un grupo de aficionados prácticos en un parque o en la disolución de una pacífica tertulia en una cafetería. ¿Será el paso siguiente quemar en hogueras los libros de toros?

Al tiempo, y no conviene olvidarlo porque son siempre el primer paso hacia la abolición de las corridas, las diferentes e inquietantes normativas de bienestar animal van ganando más derechos para las mascotas que para las personas, hasta el punto de permitir incluso su insano acceso a los restaurantes donde, en cambio, sí que está prohibido fumar.

A golpe de decreto y de votación de pleno municipal, los toros van quedando cada vez más arrinconados en una marginalidad peligrosa y siniestra, de la que, hasta el momento, el atrofiado sector profesional no se ve capacitado para salir, en el que es el más evidente síntoma de la fatiga de materiales de sus estructuras.

Es así como, ante la pasividad e inoperancia de los taurinos, a los que dejan en evidencia las iniciativas de algunos sectores de aficionados o de representantes de festejos populares, al sector sólo le queda estos días encomendarse a "San" Victor D Hont, el que ideó la vigente ley electoral que favorece a los partidos mayoritarios, para que los resultados del próximo domingo no lleven al poder una alianza de partidos de izquierda, claramente decididos a la abolición.

Dado que, como apuntan las encuestas, ninguna formación alcanzará la mayoría suficiente para gobernar en solitario, sólo un acuerdo entre la derecha del Partido Popular y esa otra derecha encubierta que es Ciudadanos frenaría, al menos durante cuatro años, el amenazante proceso de acoso que está sufriendo la tauromaquia en España.

Esa alianza sería un puntual freno al acoso antitaurino pero en ningún caso supondría la solución definitiva a nuestros problemas, la que no debemos esperar de los políticos acerca de un tema que les quema como una patata caliente y que no se atreverán nunca a afrontar a pecho descubierto, acobardados ante el creciente fascismo animalista que impone su pensamiento único.

La solución, pues, debe venir desde dentro. Y ha de ser la que el propio toreo sea capaz de encontrar en caso de que nos den estos cuatro años más de prórroga política. Si tenemos esa suerte habría tiempo, suficiente pero no demasiado, para empezar a hacernos valer y entender, para organizar nuestra defensa, para conseguir a marchas forzadas la urgente reestructuración que necesita el sector y para intentar acercar a esta desnortada izquierda a posiciones más tolerantes con respecto a la tauromaquia.

Pero, más allá de todo eso, habrá que acostumbrarse a vivir definitivamente sin subvenciones, esas ayudas públicas tan escasas y ridículas por las que la Fiesta devuelve al Estado cantidades triples y cuádruples tanto por la vía de los impuestos como por la repercusión económica de la celebración de festejos en ciudades y pueblos.

Aceptemos desde ya mismo que esas paupérrimas ayudas, tan mal vistas y tan criticadas por la demagogia generalizada en tiempos de crisis, se han terminado para siempre, en tanto que cada vez más ayuntamientos y diputaciones se verán obligados a retirarlas por la presión de los partidos de izquierdas.

Una vez asumida esta pérdida, habrá que ponerse a trabajar con sentido, y aprovechar para cambiar esas perjudiciales y acomodaticias ayudas públicas por una radical reducción de impuestos y de gastos en la organización de festejos. Ya que no habrá subvención, al menos que cese la explotación por parte de las administraciones, que lastran con impuestos y demás gastos sociales la mitad del presupuesto de producción de cada espectáculo taurino que se celebra en España.

Del mismo modo habría que exigir que se reduzcan los cánones de arrendamiento de las plazas de propiedad pública, que, mientras que no caigan en manos de políticos antitaurinos, se siguen manteniendo exclusivamente gracias al dinero de los toros, pero también arrojan beneficios para las administraciones con su alquiler para conciertos y, en estos días, para mítines electorales.

Y en tanto que los astutos abolicionistas van directamente a cortar el futuro del toreo por su base, no cedamos ni un centímetro en lo referente a las escuelas taurinas y, ya que no habrá ayudas, reivindiquemos la exención total de cargas fiscales a los festejos menores donde se curte la cantera de toreros y que habrán de blindarse con una política proteccionista.

Visto ya el panorama político que nos espera, incluso antes de la investidura del próximo presidente del Gobierno, esta es la única vía que le queda a la tauromaquia en la lucha por su supervivencia. Es el momento de exigir con orgullo a los políticos el cumplimiento estricto de las leyes que ya nos amparan, cuando no su refuerzo, y de  parar de una vez la discriminación social a que estamos siendo abocados sin resistencia.