Mientras en Pamplona la Fiesta sigue su curso, previo a la parte medular del verano, época en que se celebra la mayor cantidad de festejos en la llamada "piel del toro", aquí en México la escasa actividad taurina tan característica en este mes de julio propicia la reflexión en torno al devenir de la tauromaquia en tiempos difíciles.

Por principio de cuentas, llama la atención la forma en que diversos grupos animalistas han emprendido nuevos embates en contra de la fiesta de los toros a través de los tribunales, ante la complicidad de jueces que se han tomado la libertad de legislar desde la judicatura, un hecho que viene a vulnerar el sentido de imparcialidad de su trabajo.

El camino emprendido hace más de un año, cuando la asociación Justicia Justa interpuso el primer amparo que dejó sin toros a la Plaza México, marcó el rumbo a seguir: argumentar, de manera falaz, que el otorgamiento de permisos para la celebración de este tipo de festejos, es una falta grave porque va en contra de un "medio ambiente sano" y ello vulnera los derechos humanos.

Y todo eso a pesar de que los toros son una tradición lícita, contenida en reglamentos taurinos y también en la Ley para la celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México; es decir, una actividad regulada, desde hace muchos años, desde un marco jurídico.

Pero parece que eso no importa a los jueces, que siguen concediendo suspensiones definitivas sin exigir la entrega de una fianza que garantice el pago de los daños y perjuicios que se le ocasionan a los empresarios taurinos, lo que sería un significativo antecedente para aquellos antitaurinos que pretendan interponer amparos similares.

Porque lo suyo sería exigir esas fianzas y garantizar, de dicha manera, a quienes arriesgan su dinero en aras de organizar este tipo de espectáculos, mismos que al cancelarse generan graves pérdidas económicas no sólo a quienes los gestionan, sino a todo lo que existe alrededor de la economía del toro.

El amparo que pesa en el estado de Puebla impidió la celebración de la corrida de aniversario programada en el mes de marzo en Teziutlán, y también los festejos que ya se habían anunciado para la feria de mayo en la plaza "El Relicario". Asimismo, no se podrán dar las corridas de agosto en la Feria de Teziutlán, ahí donde su plaza "El Pinal", era ese otro gran referente taurino en esta época del año.

Por fortuna, no todos los amparos interpuestos han prosperado, ya sea por haber empleado una argumentación insostenible, de la mano de la imparcialidad de los jueces que les ha correspondido revisarlos con absoluto apego a la ética profesional.

Sin embargo, es urgente encontrar una fórmula jurídica válida que contribuya a blindar a los toros de estos ataques, que se han ido multiplicando a lo largo de los meses y, en determinados casos, han vulnerado el interés legítimo de los empresarios, así como la derrama económica que genera su organización y beneficia a miles de familias, además de los derechos de los aficionados.