La Corte Constitucional de Colombia ha mostrado su madurez y en días recientes emitió una sentencia que permitirá celebrar corridas de toros en la plaza Santamaría de Bogotá, y esta noticia cayó como una bomba al presidente Gustavo Petro, que ya manifestó su inconformidad en contra de dicha resolución.

Y esto no es algo nuevo, pues hace una década, el propio Petro fue el mayor instigador de la prohibición de los toros en Bogotá cuando era alcalde de una ciudad donde la tradición taurina se convirtió en un estandarte para la Fiesta en Sudamérica, desde que este hermoso coso entró en funcionamiento a partir de 1931.

Una vez más, el brillante abogado Felipe Negret, uno de los defensores más inteligentes con los que cuenta el espectáculo taurino, consiguió este logro tal y como ya había sucedido en 2017, después de otra sentencia en la que la Corte consideró a la tauromaquia como Patrimonio Nacional de Colombia.

La temporada taurina más reciente corrió a cargo de Casa Toreos, que se aventuró a ofrecer un total de seis festejos que tuvieron lugar entre el 2 de febrero y el 1 de marzo de 2020, fecha en la que torearon Sebastián Castella, Roca Rey y Juan de Castilla, quienes triunfaron con un encierro de Juan Bernardo Caicedo.

Desde entonces, el coso de arquitectura neomudéjar que asemeja a Las Ventas de Madrid, enclavado entre la montaña verde y varios edificios de departamentos, ha permanecido cerrado para los toros y ahora tocará saber qué empresa será la encargada de dar el paso al frente para reivindicar a la tauromaquia.

El cometido no será fácil dada las adversas condiciones en que la municipalidad de Bogotá, de abierto talante prohibicionista, impondrá a los toros, sobre todo en lo referente a un pago exorbitado de impuestos que dará escaso movimiento de maniobra económico. Pero ahí está la oportunidad para que el medio taurino se una y anteponga el interés común al particular, con la finalidad de buscar su inmediata reapertura y lo que ello representa en términos de impacto mediático.

Seguramente que los ataques antitaurinos se van a intensificar, así como las trabas administrativas que pueda poner la municipalidad desde su posición radical. Sin embargo, la decisión de la Corte deja entrever la relevancia de respetar las libertades de los distintos grupos que conforman una sociedad democrática, y uno de ellos es el de los aficionados a los toros, y también de quienes viven de la Fiesta Brava.

Ojalá que el ejemplo de Colombia sirva para abrirles los ojos y la sesera a los dos magistrados del Tribunal Colegiado que, aquí en México, pretenden extralimitarse en sus funciones y dictar sentencias basadas en sus preferencias personales, en lugar de juzgar con imparcialidad y hacer respetar las garantías de los ciudadanos que comprendemos el rito sacrificial del toro, en el incomparable marco de la corrida, como una tradición de hondas raíces culturales.