El uso de las comillas se vuelve inevitable cuando uno revisa las elucidaciones del inefable juez federal Jonathan Bass Herrera en favor de la "suspensión definitiva por tiempo indefinido" de las corridas de toros en la alcaldía Benito Juárez de la capital, donde se asienta Plaza México, aduciendo razones ecológicas como una de las causas fundamentales de su fallo. 

Y es que el solemne juzgador antedicho aduce en su texto el severo daño moral infligido por la tauromaquia a la sociedad en su conjunto por el simple hecho de existir. ¿Pruebas? ¿Para qué, si todo mundo sabe que convivir con las corridas de toros –y sus atroces perpetradores— mancha y condena a la comunidad entera? No importa que el citado jurista termine su alegato confesando que carece de pruebas suficientes para sustentar tan temeraria afirmación. Su veredicto está firmado, registrado y aplicado, como una proclamación excátedra de su particular tesis ecológica. Y con eso es suficiente.

De antemano sabíamos que la falacia ecologista tiene las patas muy cortas porque de entrada cerró los ojos a las aportaciones ambientales que el toro bravo obsequia al hábitat donde quiera que éste pueda asentarse, ya sea que se trate de las planicies semiáridas del centro y norte del país, los fértiles campos del bajío, el cálido trópico caribeño, la marisma gaditana o los gélidos inviernos de Castilla la Vieja. 

En tan variados ecosistemas, la cría del toro de lidia representa un factor claramente amigable con el medio ambiente porque protege y fomenta una fauna y flora particulares, y además purifica el aire, el agua y el suelo de los ecosistemas donde se desarrolla. 

A ése, que es uno de nuestros mejores argumentos en favor de la tauromaquia por cuanto desmonta la falacia ecológica que tan torpemente ha pretendido condenarla, los prohibicionistas de turno, representados esta vez por el emergente colectivo que el mes pasado presentó su dichoso amparo en contra de la realización de corridas de toros en la capital –Justicia Justa se hace llamar– amparo avalado por el dictamen de un temerario juez federal, se le suma ahora como refuerzo esa presunta mancha social que sólo pudo haberse incubado en un cerebro anormalmente excedido de, digamos, fantasía, según el cual permitir que siga habiendo festejos taurinos implicaría, nada más que por eso, un grave daño moral proyectado irremediablemente contra la sociedad entera. 

Punto de vista que coincide con los de quienes a lo largo de los siglos y los milenios han impuesto la censura en cualquiera de sus formas y bajo cualquier pretexto purificador.

En otras palabras, lo que amparados y juez están diciendo es que podemos  convivir con pobreza, feminicidios, clasismos, racismos, homofobia, misoginia, pornografía, fake news y cualquier otra calamidad o miseria al uso, pero qué alivio para todos si se consiguiera abolir de un plumazo la perversa y sádica diversión de quienes se complacen en facilitar, llevar a cabo e incluso "divertirse" con la tortura de idílicos ejemplares de la especie bovina, so pretexto de una tradición que es más bien rescoldo de añejas barbaries. 

No importa que las palabras "tortura", "diversión" y "barbarie" estén tan mal empleadas por los seguidores autóctonos de Animal Héroe y otras piadosas asociaciones de cuño inequívocamente gringo, al fin y al cabo la agenda del Consenso de Washington no está para detenerse en contemplaciones de carácter semántico, que seguramente no pasan, a sus ojos, por otra de tantas inútiles tradiciones ajenas, vistas como obstáculos a despejar por la voracidad del mercado y el pensamiento únicos.

Así como los abolicionistas, bajo la desgastada bandera del progreso civilizatorio, suelen poner a la ciencia por delante y, sin la menor prueba, proclaman que la tauromaquia es fuente de conductas violentas y severos desviaciones psicológicas en sus practicantes y seguidores –gusto por la sangre, fomento de la crueldad, anulación de la compasión, escuela de sadismo, semillero de actitudes antisociales–, así también la cara verdadera de la ciencia, la que sí hace investigación seria y sí aporta conclusiones científicamente válidas, ha demostrado que la familia toro de lidia mexicano, por las características de su genoma, es endémica del país. Endémica, es decir, exclusiva y propia de México como resultado de meditadas cruzas y cuidadoso cultivo a través del tiempo.

Como consecuencia obligada, corresponde al gobierno federal tomar todas las medidas necesarias para la protección efectiva y sustentable de dicha fauna endémica, en acatamiento de las responsabilidades que conlleva su firma en tratados internacionales orientados a la conservación de la biodiversidad, una de las prioridades más acuciantes del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA), como de sobra sabe cualquier ambientalista medianamente informado.

Del nivel de certezas de las afirmaciones anteriores da cuenta el artículo firmado por los académicos Paulina García Eusebi –mexicana–, O. Cortés, S. Dunner y J. Cañón, publicado en una revista homologada internacionalmente, el Journal of Animal Breeding and Genetics –y perdón por esta inevitable invasión de la omnipresente lengua de Shakespeare–, que señala como fecha de recepción de dicho informe el 13 de agosto de 2016, para ser aceptada por su Consejo editorial el 24 de noviembre del mismo año.

Para esta investigación se utilizaron muestras genéticas de diversos encaste presentes en nuestra cabaña de bravo. Y según detalla el artículo de referencia, se realizaron estudios comparativos estudios contra encastes españoles, concluyéndose que existen diferencias suficientes para determinar la exclusividad genómica del toro de lidia mexicano.

En relación con la obligación contraída por los gobiernos de numerosos países, entre ellos México, para proteger su biodiversidad, el tratado internacional más conocido es el Convenio de Río de Janeiro signado durante la Cumbre del Medio Ambiente llevada a cabo en la antigua capital del Brasil en 1992. 

No hace falta señalar que la supresión definitiva de las corridas, más allá de discusiones en pro o en contra, significaría la extinción de la familia toro de lidia mexicano, cuya condición endémica fue probada científicamente por la doctora Paulina García Eusebi y colegas.