De esta manera, resulta una incongruencia que en Extremadura se permita la entrada únicamente a 200 personas, mientras que Castilla-La Mancha es para 500, sin importar, en ambos casos, que el aforo de determinadas plazas permita mantener la sana distancia garantizada debido a la amplia capacidad de sus localidades.

Si para los toros hubiera una normativa equitativa, en la plaza de Badajoz (en la imagen que ilustra esta información), que tiene una capacidad para 13 mil espectadores, en teoría podrían ingresar más de 5 mil (o que por lo menos que fueran unas 4 mil 300 por lo menos, como fue autorizada la encerrona de Antonio Ferrera el año anterior). O en Albacete, donde caben 10 mil personas, lo suyo sería que ingresaran la mitad. Pero la realidad es otra, totalmente distinta e injusta.

Y se trata de unas restricciones que van en contra de la reactivación de la tauromaquia, y que sólo favorecen a determinados sectores o actividades de entretenimiento, entre las que se cuenta el futbol, que de sobra se puede dar el lujo de sobrevivir sin público en los estadios, como ya quedó comprobado, gracias a los contratos publicitarios de diversa índole.

Así que algo tendrán que hacer el sector taurino para reclamar sus legítimos derechos y evitar, en la medida de lo posible, un trato tan desigual que sólo hace posponer las buenas intenciones de los empresarios taurinos en ambas comunidades autónomas.

No cabe duda de que la encomienda es mantener esa presión política en contra de los toros, derivada de las circunstancias provocadas por la pandemia. Y esta forma de proceder impedirá que los empresarios se animen a dar toros pues, ni siquiera con la presencia de la televisión y la aportación económica que ésta aporta  en cada evento, se conseguiría ese anhelado punto de equilibrio para que suene el clarín con mayor certeza y regularidad.