Una vez más la arrogancia política ha dado al traste con la fiesta de los toros. Y ahora ha sido en la ciudad colombiana de Medellín, donde Casa Toreros había hecho el gran esfuerzo de rescatar la temporada de plaza La Macarena, que no abrirá sus puertas en el próximo mes de febrero.

La decisión del alcalde Federico Gutiérrez es un abusivo atropello a la libertad al trabajo. Seguramente, su ignorancia, sumada a la presión de grupos antitaurinos, fue la causa de este revés. Lo peor de todo es que los políticos como Gutiérrez sean manipulados por las empresas trasnacionales dedicadas al posicionamiento de la mascota como ser supremo de la sociedad que hoy día habita en las ciudades.

Y lo más lamentable es que el titular de la alcaldía de Medellín, que está asociada en la propiedad del inmueble con la empresa D’Groupe, no haya respetado el acuerdo que está había suscrito con Casa Toreros, que entraba a Colombia con la sana intención de dar toros y crear fuentes de empleo.

El argumento esgrimido para cancelar las corridas anunciadas es el supuesto trauma que provoca el espectáculo taurino entre los niños, a los que la empresa había hecho una invitación para asistir de manera gratuita a la plaza, con la finalidad de crear afición y favorecer a las familias que quisieran acudir a los toros.

Casa Toreros también había logrado que las figuras contratadas en este ciclo, como Julián López "El Juli" y Andrés Roca Rey, cobraran unos honorarios por debajo de su cotización, para contribuir, con este gesto de solidaridad, a que el precio de los boletos fuera accesible, y más gente tuviera la oportunidad de asistir a la plaza.

Pero tuvo que esperar el alcalde Gutiérrez la ocasión precisa para dar un golpe mediático con una argucia de esta naturaleza, que lesiona intereses de mucha gente, y ofrece una imagen retrógrada que está basada en una forma de gobernar sumergida en una actitud más cercana a una dictadura que a una democracia.

La empresa D’Groupe también sucumbió ante la presión del alcalde, consciente de que afanarse en arrendar la plaza para dar toros iba a tener represalias que afectarían sus intereses, más aún si la alcaldía tiene la facultad de conceder o negar los permisos correspondientes para la celebración de cualquier tipo de espectáculo en este recinto polivalente del que también es accionista.

Pero lo más triste de este caso es la forma de proceder de un político, como es el alcalde Federico Gutiérrez, que ha actuado alejado de toda ética profesional, y ha echado por tierra la posibilidad de que la temporada de Medellín arrojara una importante derrama económica para sus habitantes, lesionando así los intereses de aquellas personas que se iban a ver beneficiadas.

¿Acaso el ejemplo del alcalde Gustavo Petro en Bogotá, no fue suficiente como muestra de intransigencia y estupidez? Porque quedó visto que, tras las diversas resoluciones judiciales, la plaza "Santamaría" volvió a dar toros y así acabó con la obcecada guerra de Petro, que se empeñó en prohibir una añeja tradición, que ha tenido, en la figura del maestro César Rincón, a un torero que ha llevado el nombre de la ciudad -y también de su país- con orgullo por el mundo, tanto así que debería de ponerse como ejemplo para la juventud.

Pero está visto que mientras las grandes empresas dedicadas a la comercialización de productos para mascotas sigan inyectando dinero a los grupos animalistas, inclusive con la aberración que supone colocar a la mascota en un plano superior al ser humano, la tendencia idiotizante de esta perversa corriente de pensamiento que está trastocando los valores de la sociedad.

Y ahora le tocó sufrir esta lamentable situación a una empresa mexicana que sólo pretendía hacer un bien y devolver la Fiesta Brava a una de las ciudades que a lo largo de los años se habían distinguido por su relevancia taurina.