Los lamentables hechos ocurridos el domingo pasado en la plaza de Xico, son una llamada más de atención acerca de la vulnerabilidad de la Fiesta Brava, inclusive en un municipio con una larga tradición taurina, y también para que los empresarios de nuevo cuño tomen sus previsiones y no sean sorprendidos y afectados en sus intereses.

Y aunque este suceso haya sido una cortina de humo para distraer la atención de los veracruzanos, por aquello del controversial nombramiento de Marcos Torres como Fiscal Anticorrupción del estado, el atropello que se cometió en contra del empresario Francisco Franco, en el fondo buscaba tener un fuerte impacto mediático.

El dichoso "operativo sorpresa" fue comandado por Andrés de la Parra Trujillo, protagónico personaje antitaurino encargado de la Fiscalía Especializada en contra de Delitos Ambientales y Contra los Animales del Estado de Veracruz.

Y si es verdad que el Artículo 40 bis de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Veracruz, establece que se prohíbe la entrada a los menores de edad a los festejos, el procedimiento de la detención de Franco no estuvo apegado a Derecho y se cometieron irregularidades de las que habría que exigir una respuesta al gobierno de Veracruz.

El socorrido argumento de no permitir la entrada a los niños atiende a unos lineamientos que puso en marcha Leonardo Anselmi hace varios años en Cataluña, cuyo primer paso en fue conseguir que se votara la primera ley que impedía la entrada a menores de 14 años a la Monumental de Barcelona.

Este modelo jurídico se replicó en otros países donde Anselmi se encargó de realizar un afanoso proselitismo antitaurino patrocinado por empresas trasnacionales vinculadas al multimillonario negocio del mascotismo, que son conscientes de la importancia de cortar la afición a los toros desde la raíz.

Hay que estar muy atentos a cualquier situación similar a la de Xico para poder prevenirla, y pedir a los empresarios de nuevo cuño que tengan la precaución de solicitar a las autoridades correspondientes las garantías necesarias para organizar sus festejos sin contratiempos, sobre todo en aquellos lugares donde hay iniciativas antitaurinas que alentados por distintos partidos políticos.

Es importante reconocer la labor de Tauromaquia Mexicana, que siempre está dispuesta a ayudar a los empresarios a resolver dudas legales, y aportar una asesoría jurídica adecuada para que no ocurran hechos como éstos, que sólo contribuyen a empañar la imagen de profesionalidad que debe regir a los distintos sectores que conforman la Fiesta Brava.