Los políticos abolicionistas, como tales políticos, siguen trampeando para encontrar vías de apariencia legal que les ayuden a conseguir sus propósitos: demostrada ya constitucionalmente la incompetencia de ayuntamientos y comunidades autónomas para prohibir motu proprio las corridas de toros, tratan ahora de asfixiarlas económicamente hasta provocar su lenta agonía en lugares con cosos de titularidad pública.

Esta nueva estrategia de ataque, salvo en el caso de los del Partido Popular, está empezando a ser empleada por representantes de todos los signos políticos, incluidos los "indefinidos" de Ciudadanos. Y consiste básicamente en las envenenadas fórmulas que rige los inmediatos concursos de arrendamiento de las plazas de Vitoria y Cáceres.

En la capital vasca, cuyo actual equipo municipal no oculta su aversión a la fiesta de los toros, el pliego de condiciones exige al futuro empresario un exiguo canon de apenas 3 mil euros (unos 66 mil 600 pesos) por una sola temporada y apenas cuatro festejos, lo que en principio parece asequible. Pero la trampa de chinos está en los 30 mil euros (unos 666 mil pesos) que, como letra pequeña, se contemplan como gastos de mantenimiento y arreglos del moderno coso de Iradier, sin olvidar tampoco un aval de otros 60 mil (un millón 332 mil pesos).

Olvidado ya el buen trabajo de la anterior corporación popular y vistos los paupérrimos resultados de las últimas ferias de la Blanca de Vitoria, las pretensiones económicas del nuevo ayuntamiento local no dejan de ser una intencionada barbaridad que pretende, descaradamente, que ninguna empresa, ni la más osada, se presente al concurso y, por tanto, la plaza se quede así sin toros en 2017 como paso previo que justifique la desaparición de las corridas en la capital alavesa.

Algo parecido sucede en Cáceres, la ciudad extremeña donde no cabe pensar en rechazos nacionalistas a la tauromaquia, como en el País Vasco, pero sí en complejos y temores de los políticos frente al animalismo creciente. En este caso, PSOE y Ciudadanos, como no deja de repetir casi en solitario el blog Banderillas Negras, son los culpables de una absurda situación que ya ha dejado sin toros a la ciudad este año que finaliza.

Al parecer, en una pirueta de imagen, son esos mismos concejales los que ahora pretenden sacar a concurso la vetusta y bella plaza cacereña por un plazo de más de diez años, sin canon de arrendamiento pero tampoco sin ayudas económicas. Aparentemente, la intención es buena, pero es este último detalle el que, según el anterior empresario que la regentó, José María Garzón, hace inviable la celebración de espectáculos de suficiente calidad, dada la reducción de aforo que sufrió el coso tras su remodelación.

Es decir, que los hipócritas políticos de ambas ciudades no niegan, de cara al exterior, la posibilidad de la celebración de festejos en sus plazas, pero interiormente y a conciencia ponen palos en las ruedas para impedirlo, exigiendo cantidades desorbitadas como canon o negando todo tipo de ayudas.

En el fondo, es una buena y estúpida forma de no contentar a nadie, sólo de aplacar a la ruidosa minoría antitaurina para la que trabajan a largo plazo, pero también de negar a sus ciudades la gran repercusión económica que tiene la celebración de corridas en distintos sectores, especialmente el de la hostelería.

La única opción, pues, que se les deja a las posibles empresas aspirantes es a aumentar considerablemente el precio de las localidades, una vez que no pueden contar con ingresos ajenos a la taquilla. Pero, como sucede en la desoladora plaza México, no hay mejor camino para acabar con la afición de cualquier lugar que hacer de la fiesta de los toros un espectáculo elitista y sólo al alcance de unos pocos bolsillos.

No cabe así pedirles a los empresarios que acudan a suicidarse, casi literalmente, a estos trucados y antitaurinos concursos, para poner de su bolsillo un costosísimo y endeble parche que mantenga abiertas por un breve plazo de tiempo las plazas que otros quieren condenar al cierre.

Más bien, en vez de alentarles a entrar al trapo de estos volubles políticos que padecemos, habría que exigir a la patronal un máximo de unión y un mínimo de coherencia para, aunque se pierda momentáneamente una batalla en plazas recuperables a medio plazo, hacer valer los intereses del sector y frenar todas estas pantomimas abolicionistas con un planteamiento serio y contundente.

Por ejemplo, presentando a los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas datos tan incontestables como los que elaboró con precisión y rigor el profesor Juan Medina y publicó a primeros de año la propia asociación empresarial ANOET.

En ese trabajo se fijaba la cantidad exacta, y mínima, que la tauromaquia recibe en concepto de ayudas públicas, así como la gran repercusión de los toros en las economías locales y muchos otros aspectos que demuestran, para interés de políticos verdaderamente responsables, la necesidad de apoyar y mantener vivo el sector.

Claro que también en el trabajo de Medina y en el libro de ANOET ya aparecían claras y extensamente desmontadas las mentiras del infame informe Bosch que animalistas y catalanistas presentaron al Parlamento Europeo y que ahora manejan todos los antis.

La Fundación del Toro, como iniciativa propia, ha reproducido ahora ese trabajo de otros casi al milímetro pero en distinto formato. Y lo más asombroso es que todo lo que contiene les ha parecido una grandiosa novedad a algunos de los que el texto les llegó hace ya diez meses y se lo han dejado ir al corral…