México es un país hispano, mestizo, católico y taurino. Pero ninguna de esas palabras agota su identidad. México es también tlaxcalteca y maya; filipino, libanés, francés, japonés y celta. Nos representan los pueblos originarios tanto como las ciudades virreinales; el pibil, el mole y el pozole conviven con los bisquets de los cafés de chinos, la torta de tamal y el taco al pastor. Somos un país hecho de encuentros, mezclas y contrastes, cuya identidad se reconoce en sus fiestas, ritos, devociones y costumbres.

Esa riqueza no siempre ha sido respetada desde el poder. A lo largo de nuestra historia han surgido proyectos políticos empeñados en decidir qué partes de la identidad mexicana merecen conservarse y cuáles deben desaparecer. En distintos momentos, la herencia hispana y la tradición católica han sido vistas no como componentes de nuestra historia, sino como obstáculos que había que combatir. Uno de esos enfrentamientos alcanzó hace un siglo una violencia que todavía permanece en la memoria de muchas familias mexicanas. 

La confrontación venía de tiempo atrás. La Constitución de 1917 había impuesto severas restricciones a la Iglesia y al ejercicio público de la religión, aunque durante algunos años varias de esas disposiciones se aplicaron de manera desigual. El equilibrio terminó por romperse durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. En 1926, la llamada Ley Calles endureció la aplicación de los preceptos constitucionales y estableció sanciones contra los sacerdotes que los infringieran. El conflicto dejó entonces de ser una disputa entre el gobierno y la jerarquía eclesiástica. El poder político penetraba en la conciencia y las creencias de millones de mexicanos. Para una sociedad en la que la Iglesia llevaba siglos formando parte de la vida comunitaria, aquellas medidas alcanzaban prácticas, creencias y formas de convivencia anteriores al propio Estado revolucionario.

El punto de ruptura llegó el 31 de julio de 1926, cuando el episcopado suspendió el culto público en protesta por las nuevas disposiciones. Los templos permanecieron, pero dejaron de celebrarse misas y de administrarse los sacramentos en la forma acostumbrada. La disputa entró así en los hogares y las comunidades. Durante los meses siguientes comenzaron los levantamientos armados que terminarían por extender la rebelión, sobre todo, por el Bajío y el occidente del país.

La Guerra Cristera no puede entenderse, sin embargo, como un enfrentamiento simple entre dos bandos compactos. La historiografía ha ido desmontando tanto la caricatura del cristero como un fanático manipulado por el clero como la idea de una Iglesia unida detrás de la rebelión. El episcopado, el Vaticano, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, los sacerdotes y quienes tomaron las armas mantuvieron posiciones distintas y, en ocasiones, enfrentadas; tampoco la rebelión tuvo la misma intensidad ni las mismas características en todas las regiones del país. Hubo quienes buscaron la negociación, otros rechazaron la violencia y algunos terminaron convencidos de que la resistencia armada era el único camino que les quedaba. La Cristiada desborda las versiones simplificadas que después construyeron unos y otros.

Reconocer esa complejidad no obliga a negar el carácter popular de buena parte del levantamiento. Miles de mexicanos de pequeñas comunidades tomaron las armas porque sintieron amenazada una libertad que consideraban inseparable de su forma de vida. Para ellos no estaba en juego una discusión abstracta sobre las relaciones entre Iglesia y Estado. La fe se encontraba entretejida con la familia, las fiestas, el calendario, los ritos de nacimiento y muerte y la vida entera de sus pueblos. Cuando gritaron "¡Viva Cristo Rey!" expresaban también la resistencia de una comunidad que sentía amenazada su identidad. No creían defender sólo una institución o una doctrina: sentían que pretendían arrancarles una parte del alma.

La dimensión humana de aquella ruptura aparece con especial fuerza en el testimonio que Juan Rulfo dio a Jean Meyer sobre la Cristiada en el sur de Jalisco. De San Gabriel, su pueblo, salieron unos seiscientos hombres a combatir y apenas un centenar regresó para quedarse. Los demás habían muerto o terminaron dispersos en Guadalajara y Los Ángeles; rancherías enteras quedaron despobladas y algunos pueblos nunca recuperaron su antigua vitalidad. Rulfo recuerda también cómo desaparecieron artesanos y oficios que sostenían la vida cotidiana de aquellos pueblos. La guerra no terminó, pues, con quienes murieron en ella; desarticuló comunidades, provocó migraciones y quebró formas de convivencia construidas durante generaciones.

Hace unos días asistí en Zacatecas a una conferencia del historiador Javier Garciadiego sobre la Guerra Cristera, organizada por el zacatecano ilustre don Manuel Sescosse, presidente de Tauromaquia Mexicana. La exposición de Garciadiego fue erudita y esclarecedora, pero me impresionaron más los testimonios de los asistentes. De manera espontánea comenzaron a surgir recuerdos de abuelas que escondían armas, de tíos y parientes muertos durante la lucha. Cien años después, la Cristiada seguía presente en la memoria de aquellas familias. Lo mismo puede constatarse en Tepatitlán y en muchas poblaciones de Los Altos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, donde numerosas familias conservan con orgullo su ascendencia cristera y viven el catolicismo popular como parte de su identidad cotidiana. La historia, en esos lugares, no ha quedado confinada a los libros: permanece en los recuerdos familiares, las devociones, las fiestas y una manera de entender la vida.

Los arreglos de 1929 pusieron fin a la guerra abierta, aunque no cerraron sus heridas. Mostraron, con todas sus insuficiencias, que el Estado tendría que reconocer una realidad religiosa arraigada que no había conseguido borrar. La lección quizá sea que una sociedad plural no se construye eliminando aquello que molesta o no se comprende, sino aprendiendo a convivir con la diferencia. Los ritos, las creencias y las costumbres de los otros no tienen que ser los nuestros para merecer respeto. Una sociedad plural comienza por reconocer que aquello que no compartimos también puede tener derecho a existir.

Cien años después, sería absurdo equiparar la tragedia de la Guerra Cristera con las actuales prohibiciones taurinas: la escala, la violencia y sus consecuencias pertenecen a órdenes distintos. Pero fenómenos tan diferentes permiten formular una misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el Estado al intervenir en las costumbres de quienes piensan y viven de otra manera? En los años veinte, mientras combatía a la Iglesia vinculada con Roma, el poder alentó incluso la creación de una Iglesia Católica Apostólica Mexicana, en un intento por construir una alternativa religiosa compatible con el proyecto revolucionario. Un siglo después, en la Ciudad de México, el gobierno de Clara Brugada ha pretendido resolver el conflicto taurino mediante una "corrida sin violencia" que conserva toros, toreros y plaza, pero elimina elementos esenciales de la lidia y, con ellos, buena parte de aquello que los aficionados reconocen como el sentido mismo del rito. No son fenómenos equiparables, pero en ambos asoma una tentación semejante: creer que el poder puede rediseñar desde arriba las expresiones culturales de una comunidad y después exigirle que las reconozca como propias.

La tauromaquia no se reduce a las dos horas que dura una corrida. A su alrededor existen ganaderías y familias, toreros y subalternos, veterinarios, artesanos, empresarios, periodistas, plazas, fiestas populares, gastronomía, lenguaje y oficios transmitidos durante generaciones. Son cinco siglos de cultura que México no se limitó a recibir de España: la hizo suya y la transformó. Gaona, Armillita, Garza, Procuna o San Mateo bastan para recordar hasta qué punto México enriqueció la tauromaquia y desarrolló una manera propia de entender al toro y su lidia. Prohibir la tauromaquia implica, por ello, mucho más que cancelar un espectáculo: supone interrumpir la transmisión de una cultura viva y de las comunidades que se han formado alrededor de ella. ¿Puede un gobierno disponer de una tradición de cinco siglos y decidir que las generaciones siguientes ya no tendrán siquiera derecho a conocerla?

México es plural porque su identidad nunca fue diseñada desde un escritorio. Se ha formado durante siglos a partir de encuentros y conflictos, mestizajes y creencias, ritos y costumbres que distintas generaciones hicieron suyos. Hace cien años, una parte de México tomó las armas porque sintió que el poder pretendía penetrar hasta el último reducto de su libertad: la conciencia. Nadie sensato puede desear que una tragedia semejante vuelva a repetirse. Hoy, acaso la mejor forma de recordarla sea preguntarnos si hemos aprendido a convivir con quienes creen, piensan o viven de otra manera. El alma de un país no pertenece al gobierno en turno ni a una generación que pretenda decidir qué merece sobrevivir. Cada generación tiene derecho a discutir, modificar e incluso rechazar la herencia que recibe. Lo que no debería hacer es impedir que la siguiente pueda recibirla.