La Plaza México anunció la cancelación de la Temporada Grande, por lo que el coso de Insurgentes permanecerá cerrado de manera indefinida hasta que no se resuelva el problema jurídico derivado del amparo que interpuso la asociación civil Justicia Justa, en contra de la concesión de permisos para celebrar espectáculos taurinos.

Y aunque el argumento esgrimido por el abogado Luis Pérez de Acha es falaz, ya que argumenta que el ejercicio de la tauromaquia no garantiza "un medio ambiente sano", y que se trata de un asunto de derechos humanos, el juez que revisó la demanda terminó por dictar una suspensión definitiva del acto reclamado.

Aunque el terminó "suspensión definitiva" resulta confuso mediáticamente hablando, pues mucha gente piensa que los toros ya están prohibidos en la Ciudad de México, la verdad de las cosas es que eso no es cierto. Sin embargo, mientras los magistrados del tribunal colegiado que revisan el caso no han dado un veredicto que obligue al juez a revocar su decisión, lo que permitiría dar toros en el coso capitalino.

Esta dilación en el proceso no sólo sigue vulnerando el interés de miles de personas, no sólo aquellas que se dedican de manera directa o indirecta a la organización de las corridas de toros, sino a los miles de aficionados que tienen sus tarjetas del Derecho de Apartado.

Y es que a estos aficionados se les está privando de una garantía que, inclusive, está protegida y regulada, tanto por la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos como el propio Reglamento Taurino de la Ciudad de México.

Pero parece que los jueces y magistrado que han revisado el caso no comprenden el daño ocasionado para un determinado sector de la sociedad, y en vez de aplicar la ley y hacer justicia, pretenden legislar desde la judicatura al opinar sobre un tema que, ciertamente, hoy día es políticamente incorrecto, pero totalmente lícito, y su práctica nada tiene que ver con un asunto de derechos humanos.

Esta forma de proceder del juez, que se ha extralimitado en sus funciones, podría ser motivo de una responsabilidad, ya que, en el caso de Justicia Justa, la asociación civil que "detuvo" el espectáculo taurino en la capital del país, ni siquiera le fue solicitada la entrega de una fianza que garantizara los daño y perjuicios que se están cometiendo en contra de la parte afectada.

Por desgracia, mantener cerrada la Plaza México implica un duro golpe a la economía de miles de familias, y lacera el interés del aficionado. ¿Dónde queda pues el derecho al trabajo de quienes están involucrados en la organización de los eventos, o el derecho al desarrollo de la libre personalidad y de expresión de los aficionados?

De momento, han sido pisoteados por un juez que no ha actuado con ética profesional. Y eso es algo muy delicado que nos obliga a alzar la voz y denunciar el grave atropello que se está viviendo en contra de tanta gente.