Según informa el portal Aplausos, el Gobierno central ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Constitucional alegando que invade las competencias estatales. El recurso irá acompañado de una petición de suspensión de esta ley del Parlamento Balear, con lo que la nueva normativa quedará en paralizada durante cinco meses, transcurrido ese tiempo, si no se ha pronunciado el Alto Tribunal -como es previsible teniendo en cuenta el tiempo que suele tardar en hacerlo- deberá decidir si mantiene la suspensión o no.