El pasado fin de semana se llevó a cabo en Albacete un importante congreso internacional que  analizó a la fiesta de los toros desde su condición de Patrimonio Cultural Inmaterial. Durante tres días delegados de nueve países abordaron el tema en conferencias, charlas y debates.

Uno de los capítulos que generó mayor atención, vista la coyuntura que vive el espectáculo taurino global, fue la mesa redonda “Tauromaquia y poderes públicos” en el encuentro, moderado por el viceministro de Educación y Cultura de España, participó el Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, prestigioso jurista y notable aficionado a las corridas de toros.

El aparato taurino local ha vivido desde hace una década una situación de tensión y  vulnerabilidad expresada en constantes acciones sociales, mediáticas,  legales y políticas; circunstancias que se replican en todos los países taurinos. En este contexto caben las opiniones de la autoridad ecuatoriana que desde su calidad de taurino busca aportar a la deliberación.

-¿Considera que el reconocimiento oficial de la fiesta de los toros como “Patrimonio Cultural” es un paso importante en dirección a consolidar la institucionalidad de los espectáculos taurinos?

-La institucionalidad de los espectáculos taurinos no surge de un reconocimiento oficial por dos razones fundamentales: las manifestaciones culturales son anteriores a la existencia de la denominada "institucionalidad oficial” por lo tanto ya existen como parte de los valores de las comunidades. La cultura se expresa de forma independiente de la institucionalidad, sin requerir de ella para su vigencia.

Lo que ocurre en la actualidad es que la tauromaquia es cuestionada por grupos que no comparten con esa expresión cultural y buscan, utilizando al poder público,  su no visibilidad para obstaculizar  su desarrollo con un claro objetivo su eliminación como parte de los valores culturales.

La segunda razón es que en el debate sobre la existencia de esos valores culturales, se esquiva deliberadamente el hecho que la vigencia de las corridas de toros, obedece a un patrón ritual que tiene como sustento un concepto ético sobre el fin y destino del toro de lidia.

-¿Desde su punto de vista cuál debe ser la relación entre la Tauromaquia y el estado y con quienes ejercen el poder público?

-No podría hablar en términos generales de cuál puede ser la relación del poder público y la tauromaquia. Me referiré a Ecuador. En mi país tenemos un sistema constitucional que garantiza a la naturaleza como un sujeto de derechos constitucionales, en otros capítulos se garantiza el acceso a la cultura y se establecen los derechos sociales, económicos y culturales de sus ciudadanos.

El punto central es dilucidar si las corridas de toros violan o no el derecho de la naturaleza a generar una especie animal que se caracteriza por su bravura y que por un valor cultural del ser humano, que como parte de esa naturaleza, piensa que el destino del toro es mostrar su bravura en un enfrentamiento ritual que comporta la inteligencia, el valor, la vida, la muerte y el destino.

-¿El tema se centra entonces en validar a la Tauromaquia en la estructura legal de los países?

 -La respuesta que debemos darnos es que ese debate sobre el mundo del toro y sus rituales, debe pasar por un reconocimiento de que no se presenta una violación constitucional de los derechos de la naturaleza y de los animales en este caso del toro de lidia, porque este animal que lo crea la naturaleza vive y explica su existencia para demostrar su bravura y luchar con la inteligencia humana. Los seres humanos debemos respetar el destino de esta especie animal por el propósito de su existencia.

-¿Cómo debería conformarse el escenario de convivencia  entre la Tauromaquia y el Poder Público en la sociedad actual?

-En mi opinión no solo en el Ecuador los poderes públicos no deben obstaculizar el desarrollo de un rito ancestral que para un grupo social, minoritario o no,  es parte de sus valores culturales y a un  concepto ético del toro de lidia como especie animal.

El caso es que en las condiciones en las que se encuentra en este momento la fiesta,  los aficionados exigimos a los poderes públicos un papel de respeto a lo que consideramos como un valor cultural y ético, con el mismo derecho a la tolerancia y el respeto con que los aficionados observamos a quienes no comparten con nuestra visión sobre el mundo del toro.