Ayer comenzó un año nada fácil para la tauromaquia. Y no es que haya ser adivino par afirmarlo, sino que todo apunta a que 2018 no hará sino seguir la tendencia de los diez o doce años anteriores, aunque todavía un poco más cargado de bombo: con esa dosis añadida de problemas que suponen otros 365 días sin que los estamentos taurinos hayan tomado la esperada y definitiva iniciativa que frene las derivas abolicionistas, internas y externas.

Cada año que el toreo pasa sin coger el toro de sus problemas por los cuernos es un escalón más hacia el sótano, una paletada de tierra que esconde aún más el espectáculo ante la sociedad y nos merma fuerza y argumentos en su defensa. Y que, dejémonos de paños calientes y falsas esperanzas, sigue hundiendo una maltrecha economía interna que ronda ya los límites de la quiebra técnica.

Por mucho que se quieran barnizar las cifras –ahora todos recurrimos sin rubor a las de los crecientes espectáculos populares que siempre habíamos desdeñado- la caída en la celebración de festejos, y especialmente de las novilladas, que comenzó con la crisis en 2008 no solo no se ha frenado con la recuperación económica sino que continúa, lentamente ya  pero hasta niveles insostenibles.

En ese sentido, la Fundación del Toro de Lidia no ha podido o sabido hacer más, en los dos años de su institucionalización, que plantar cara y conseguir castigar en los tribunales las agresiones a la tauromaquia en los medios y en las redes sociales, lo que no es todo un logro pero resulta a todas luces insuficiente.

Reconozcamos que si la FTL no ha avanzado más en la defensa y el saneamiento de la fiesta de los toros es porque el displicente y ciego sector taurino –y en especial los desentendidos holdings empresariales– no parece tener ningún interés –y, lo que es aún peor, tampoco la necesidad– de hacer una lectura realista, sin absurdas complacencias, de la crítica situación por la que atraviesa el espectáculo.

Al nuevo patrono de la Fundación, el activo y, este sí, concienciado Victorino Martín García, le corresponde, pues, un arduo trabajo de captación de las elites –ya no tanto de simpatizantes– para que la entidad se convierta de una vez en el organismo aglutinador y resolutivo que se pensó con su creación.

Y desde ahí, desde esa coherencia unitaria que sí tiene, por ejemplo, la Unión de Picadores y Banderilleros, iniciar un contraataque, además de insistir en la jurídica, por vías hasta ahora no exploradas en la defensa de la tauromaquia como es la política: no habrá mejor forma de ser respetados en las instancias públicas nacionales, autonómicas y locales que la de enseñar los dientes y la hasta ahora cohibida fuerza, sobre todo moral, del sector.

En ese sentido, nos hemos conformado, con alegre servilismo, con que el Gobierno de España haya mantenido la Medalla de Oro de las Bellas Artes para las gentes del toro –ahora tardía pero justamente concedida a Dámaso González–, que haya creado el Premio Nacional de Tauromaquia y que mantenga vigente una tibia ley taurina que frena, pero no disuade, los ataques abolicionistas de algunos parlamentos regionales.

Pero hace falta más, un mayor compromiso del gobierno del único partido político que dice defender la tauromaquia sin fisuras, como es el Partido Popular, para que la tauromaquia remonte desde su maltratada y débil base actual. Y la primera medida a reclamar es una reducción de cargas fiscales y sociales a las novilladas, esa cantera claramente amenazada de muerte sin que nadie reaccione desde dentro, pero que al mismo Estado interesa cuidar: de ella han de salir los futuros toreros de las grandes ferias de las que tanto rédito saca la Hacienda Pública.

Se trata así de comprometer y de implicar a los políticos –o al menos hacerles definirse de una vez con claridad- para reclamar un trato respetuoso a la tauromaquia, que evite casos –son americanos pero también se han dado ya en España– como las recientes prohibiciones arbitrarias de las corridas en Maracaibo o Cartagena de Indias.

O para que no vuelvan a producirse tan impunemente agravios y faltas de respeto como el de la nueva televisión autonómica valenciana, cuya sectaria directora, antes siquiera de la primera emisión de la cadena, ya advertido que no incluirá los toros en su programación, justo en una comunidad donde se celebran al año más de 18 mil espectáculos populares.

Pero que a nadie extrañe el hecho cuando el mismo sector taurino ha sido incapaz de reclamar a Televisión Española que cumpla con el acuerdo firmado de emitir cada año al menos tres corridas de toros en abierto, esas emisiones cuya desaparición, a mediados de la primera década del siglo, de la parrilla de la cadena pública nacional fue más que determinante para que la tauromaquia haya perdido presencia en la vida diaria de los españoles.

Así están las cosas del toreo, en un estado crítico y preocupante, que incluye hasta una recogida de firmas para impedir que un torero –en su caso Manuel Díaz "El Cordobés"– transmitiera las campanadas de fin de año en la televisión andaluza, "porque no representa –decían– los valores que necesita la sociedad".

Y a esto estamos llegando sin que nadie ponga pie en pared y empiece a reclamar a los políticos aquellas libertades y aquellos derechos que poco a poco nos están robando pero que, tengámoslo claro, nos corresponden en las mismas condiciones de igualdad y respeto que el resto de los españoles.