En España llevamos unos cuantos días empeñados en negar la existencia del ya famoso y polémico informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU -ese que dicen que "al parecer" pide al gobierno que prohíba la entrada a las corridas a los menores de 18 años- pero que resulta ser tan cierto como nuestra propia ceguera. La absurda ceguera del que no quiere ver.  

Fue aparecer la noticia el pasado miércoles, debidamente propalada por el bloque animalista entre sus complacientes medios "colaboradores", y todas las fuerzas vivas del periodismo, del bloguerismo, del tuiterismo y del activismo taurino se dieron a la empecinada labor de convencerse a sí mismos y convencernos a los demás de que tal texto no existe y que todo es otro más de los espejismos mediáticos que lleva creando la larga y habilidosa labor de zapa de los antitaurinos. 

Pero vaya si existe. Tiene fecha del pasado 22 de enero, se publicó el 2 de febrero y está al alcance de cualquiera que lo busque por internet. Por ejemplo, en la web de Plataforma de Infancia, entidad adscrita al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde se reproducen tanto los informes sobre los derechos de los niños en España redactados por el Gobierno para la ONU como las “Observaciones finales” –eso que hemos dado en llamar informe- que los miembros del comité correspondiente le hacen al texto a modo de recomendaciones. 

Este proceso de información y vigilancia no es nuevo, sino que lleva ya mucho tiempo establecido. Y consiste en que los gobiernos de todos los países que han suscrito la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas se comprometen a enviar cada cinco años al comité que se encarga de su seguimiento un detallado estudio de los problemas de la infancia en su jurisdicción territorial, a los que se suman otros posibles informes paralelos de diversas organizaciones, como pueden ser algunas animalistas.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, con sede en Bruselas y que se compone de dieciocho miembros de distintas nacionalidades –los hay de Togo, de Egipto, de Bahréin, de Samoa, de Malasia, de Noruega…- estudia dichos informes y acaba elaborando, a modo de recomendaciones –nunca imposiciones- y correcciones estructurales, esas “observaciones finales” sobre cuya aplicación el país en cuestión debe informar en el siguiente informe a redactar cinco años después.

Conocido grosso modo el procedimiento, basta con buscarlo en la red para comprobar que en el último informe del gobierno español remitido a la ONU –con fecha de 2016- no hay referencia alguna a la tauromaquia como posible mala influencia para la infancia, pero sí que aparece una alusión específica –en concreto, en la página 7- en las  Observaciones finales redactadas  por el citado comité. En realidad, solo tres líneas en un texto de 17 páginas, entreveradas entre una larga lista de problemas mucho más graves y urgentes a considerar.

Pero el hecho es que esas tres líneas existen y que, traducidas del inglés, dicen lo siguiente: “En orden a prevenir los perjudiciales efectos de la tauromaquia en los niños, el Comité recomienda que el estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años de edad como toreros o espectadores en eventos de tauromaquia”. Ni más ni menos.

Lo curioso del caso es que esta pequeña “recomendación” que la ONU se permite hacerle al gobierno español, sin avalarla con un solo argumento ni una mínima justificación, al revés que sucede con las del resto del informe, es un “corta y pega” de la que les ha hecho antes a los gobiernos de Francia, de Portugal o de Perú, sin que nadie del mundo del toro en España haya puesto sus barbas a remojar., sino que, muy al contrario, las han ido negado sucesivamente como un ente fantasmagórico.

Evidentemente, y sin entrar en el entramado de motivos y apoyos que hay tras las globalizadas campañas antitaurinas –esas que Carlos Ruiz Villasuso las viene siguiendo y revelando perfectamente-, la insistente inclusión del citado párrafo contra la tauromaquia en los informes del Comité de los Derechos del Niño para los países con corridas de toros no es más que la constatación de la tremenda influencia que el lobby animalista, cargado de “argumentos” económicos, tiene en los organismos supranacionales. 

Tanta influencia que, en casos como éste, llegan incluso a difuminar y relegar los verdaderos objetivos de esos comités, que ven como el fondo y la trascendencia real de sus mensajes y de su trabajo –la protección de la infancia ante los auténticamente graves problemas que plantea la sociedad actual- quedan ocultos en la sesgada información que ofrece al respecto una prensa muy receptiva al antitaurinismo, también “estimulada” por Anselmi y compañía.

Es decir, que ese puñetero párrafo ha bastado para que, con un simple titular, los “derechos” de los animales hayan quedado por encima de los derechos de los niños. Y para que haya pasado desapercibido el contenido real de esas “Observaciones finales” de la ONU, en las que se habla de la necesidad de que el gobierno español aumente la inversión en la infancia, cuyos problemas han aumentado tras los recortes impuestos por la crisis.

Así es como esta extraña prensa que sufrimos da preponderancia y visibilidad a un problema inexistente –que hable quien conozca a un solo niño traumatizado por ver una corrida de toros- y oculta los problemas reales y evidentes que denuncia la ONU en esta materia, como el aumento de la pobreza infantil, la discriminación social, la violencia en las familias, la situación crítica de los niños en régimen de acogida, el abandono de los menores inmigrantes, las pérdida de calidad en la educación y los problemas de los padres con hijos discapacitados, entre la larga lista de asuntos graves que se señalan en las 17 páginas de esas “Observaciones finales” al gobierno.

Pero nada de eso va a trascender a la opinión pública, gracias al “esforzado y desinteresado” trabajo de las asociaciones animalistas  y a la que suponemos extendida corrupción de los miembros de estos comités supranacionales, que van así contra sus propios objetivos. Y es que no dudan en arrasar y retorcer la realidad con tal de imponer sus criterios fascistas, que en lo referente a la infancia pasan por segar de raíz el futuro de la tauromaquia alejando a los menores de las plazas y de las calles donde haya un toro de lidia.

Evidentemente, las “recomendaciones” del Comité de los Derechos del Niño no tienen un carácter vinculante ni obligan al gobierno a llevar a la práctica esa prohibición pero, gracias a la difusión de la sesgada noticia, no duden de que servirán de argumento y excusa perfecta para que lo intenten de ahora en adelante los antitaurinos infiltrados en las administraciones locales, en ayuntamientos y comunidades autónomas, por donde, desde la aparición de Podemos y sus franquicias, se está empezando a desangrar el toreo de base en España.

Así que, por mucho que los miembros del famoso Comité –en concreto el egipcio, que debe haber visto tantas corridas como el de Togo- aseguren cínicamente que no están en contra de la tauromaquia, a quien corresponda, sepa pensar y tenga ganas de trabajar en este sector vapuleado, le toca mover ficha cuanto antes. En principio, acudiendo al gobierno español y al Ministerio correspondiente para tratar de que en el siguiente informe que se remita a la ONU se desmienta de forma tajante eso de que la tauromaquia provoca efectos perjudiciales en la infancia.

Bastará con presentar un buen informe sicológico, que habrá que encargar y pagar para que sea más elaborado incluso que el que hace veinte años –sin demostrar efecto nocivo alguno- hizo recular al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el famoso Javier Urra, cuando la fama de El Juli, matador de toros con apenas quince años de edad, motivó una petición similar por parte de los antitaurinos. 

Dejemos, pues, de engañarnos a nosotros mismos y de recurrir siempre a la estrategia del avestruz. Porque el informe y los problemas existen. Y son mucho más visibles y reales que el trabajo de quienes los sufrimos o han sido nombrados para solucionarlos